El Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras nos ha notificado la sentencia favorable que reproducimos literalmente a continuación, estimando la demanda interpuesta por uno de nuestros abogados, contra la resolución del Instituto de la Seguridad Social que denegaba a nuestra representada el reconocimiento de la incapacidad permanente total para su profesión habitual.

                                                                           SENTENCIA 

En Algeciras, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

D. , Juez Titular del Juzgado de lo Social número Uno de Algeciras, ha visto los presentes autos tramitados bajo el núm. , seguidos ante este Juzgado a instancia de Dª. , defendido y representado por el Letrado D. Alexis Agost Pitarch, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Socia, defendido y representado por el Letrado del Cuerpo de la Administración de la Seguridad Social D.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 7 de mayo de 2014 la parte actora presentó ante el Juzgado Decano escrito de demanda, acompañado de sus copias y documentos, la cual tras su reparto correspondió su conocimiento al presente Juzgado, con fecha de entrada el día 8 de mayo del mismo, en la que previa exposición de los hechos y fundamentos jurídicos que consideró oportunos, suplicaba al Juzgado el dictado de una sentencia por la que, revocándose la resolución administrativa dictada, se declare a la actora en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común con derecho al percibo de las correspondientes prestaciones en cuantía del 55% de la base reguladora más, en todo caso, las mejoras reglamentarias y revalorizaciones, con efectos económicos desde el hecho causante, condenando a los Organismos Públicos demandados a estar y pasar por esta declaración y al pago de las correspondientes prestaciones.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se citó a las partes al acto de juicio que habría de tener lugar el día 26 de abril de 2016, en que comparecieron los que quedan dichos. Abierto el acto de juicio por su S.S.ª, la parte actora se afirmó y ratificó en su escrito inicial, interesando recibimiento a prueba y sentencia condenatoria.

La parte demandada presente se opuso con las consideraciones que constan y suplicaron que previo recibimiento del juicio a prueba se dictase sentencia absolutoria.

Abierta la fase probatoria se practicaron las propuestas y admitidas con el resultado que obra en los autos, a los que me remito por economía procesal, elevando las partes sus conclusiones a definitivas.

TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han seguido todos los trámites legales excepto lo referente a los plazos procesales, habida cuenta de la cantidad de asuntos que penden en la oficina de este Juzgado.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La actora, Dª. , mayor de edad, nacida el de enero de , con DNI nº , está afiliada al Régimen General de la Seguridad Social con nº , siendo su profesión habitual la de Oficial Limpiadora, habiendo causado baja laboral cuando instó el expediente administrativo de incapacidad permanente en fecha 4 de abril de 2011 derivada de enfermedad común (expediente administrativo).

SEGUNDO.– Incoado expediente de invalidez de oficio, recayó resolución de la D. P. de Cádiz del I.N.S.S. con fecha registro de salida 14 de diciembre de 2011 por la que se reconoció a la trabajadora demandante afecto de incapacidad permanente en grado de absoluta, con derecho a la percepción de euros líquidos. Y fecha de efectos de 12 de diciembre de 2011.

Emitido informe de síntesis el 5 de diciembre de 2011, por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI en adelante) emitió dictamen propuesta en fecha 9 de diciembre de 2011, siendo las secuelas que se objetivan las siguientes:

“Útero polimiomatoso mediante histerectomía total simple con doble anexectomía el 05/04/2011, complicada con eventración pendiente de cirugía. Obesidad (Índice de Masa Corporal 37.6). Accidente de tráfico sufrido el 11/08/2011 con esguince cervical. Limitaciones orgánicas o funcionales: eventración pendiente de cirugía”. (expediente administrativo).

TERCERO.- Incoado de expediente de revisión de grado de incapacidad permanente de oficio, recayó resolución del INSS de fecha registro de salida 31 de enero de 2014 por la cual acordaba declarar a la trabajadora no estar afecto de ningún grado de incapacidad permanente, al tiempo que acordó modificar la pensión con fecha de efectos del día 31 de enero de 2014 (expediente administrativo).

CUARTO.– Emitido informe médico de síntesis el 23 de diciembre de 2013 y en base al cual propuso el EVI por informe de 8 de enero de 2014, las secuelas que se objetivan en el momento de emitir dicho informe, las cuales han resultado acreditadas en la presente litis, son las siguientes:

“Eventración post histeroctomía intervenida quirúrgicamente en abril de 2012 y resuelta. Dispepsia tipo dismotibilidad. Elevación GGT. Limitaciones orgánicas o funcionales: eventración post histeroctomía intervenida quirúrgicamente en abril de 2012 y resuelta”.
La CEI propuso a la Dirección Provincial del INSS la declaración del trabajador como afecto de incapacidad permanente en grado de total. (expediente administrativo).

QUINTO.- La base reguladora a efectos de incapacidad permanente es de euros. La fecha de efectos es de 31 de enero de 2014 (hechos no controvertidos).

SEXTO.- Presentada la oportuna reclamación previa el 21 de febrero de 2014, solicitando el actor una incapacidad permanente en grado de total, se dictó Resolución de la D.G. de Cádiz del INSS de 7 de marzo de 2014 desestimando la reclamación, previa propuesta de la Comisión de Evaluación de Incapacidades reunida el 26 de febrero de 2014, “ya que no aparecen dolencias ni limitaciones que no fueran tenidas en cuenta y debidamente valoradas cuando se efectuó la propuesta de fecha 08/01/2014 en consideración a las secuelas objetivas y demás circunstancias que pudieran afectar a su capacidad de ganancia real” (expediente administrativo).

SÉPTIMO.- Las secuelas que resultan objetivadas a la paciente y que deben ser objeto de valoración en el presente procedimiento judicial son las que se exponen a continuación:

Eventración post histeroctomía intervenida quirúrgicamente en abril de 2012 y resuelta. Eventración recidivada. Obesidad (Índice de Masa Corporal 37.6). Dispepsia tipo dismotibilidad. Elevación GGT. (expediente administrativo; doc. nº 1 a 9 actora).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte demandante impugna la resolución dictada por la Dirección Provincial de Cádiz del INSS de fecha 7 de marzo de 2014 por la que se denegó declarar a la trabajadora en situación de Incapacidad Permanente Total, confirmando la resolución del mismo Órgano Público de fecha 31 de enero de 2014, mediante la cual pretende que se le reconozca en situación de incapacidad permanente total para realizar su actividad profesional habitual a que se refiere el art. 137.1.b) y art. 137.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo1/1994, de 20 de junio (LGSS en adelante); debiéndose condenar de forma solidaria a las codemandadas a que paguen el 55% de la base reguladora incrementada con las mejoras y revalorizaciones que procedan legalmente.
La trabajadora funda su demanda en que a la vista de las secuelas que padece está impedida para desarrollar su actividad laboral como Limpiadora, toda vez que a la fecha de efectos presentaba prácticamente las mismas secuelas, incluso estas se han agravado, que las que motivaron que fuera declarado en situación de incapacidad permanente en grado de total.

SEGUNDO.- El INSS se opone a la pretensión de contrario, interesando la confirmación de la resolución administrativa impugnada. Manifiesta que la trabajadora no está incapacitada permanentemente para el ejercicio de su profesión habitual, apreciándose una mejoría de su cuadro patológico diagnosticado anteriormente. Todo ello en atención a lo dispuesto en los arts. 136 y 137 LGSS.

TERCERO.- Son pruebas propuestas y practicadas por las partes la documental presentada con la demanda, así como la que aportan las partes en el acto de la vista, según queda acreditado en el acta.
La documental admitida se tuvo por reproducida e incorporada en los autos, gozando de plena eficacia probatoria que la Ley Enjuiciamiento Civil (LEC en adelante) atribuye a los documentos públicos y privados en sus respectivos arts. 319 y 326, al no haber sido impugnada la documental aportada de contrario.

CUARTO.- El objeto de la presente litis, con la conformidad de las partes intervinientes en el acto de juicio, se centra en la cuestión relativa a determinar si existe mejoría de las secuelas inicialmente padecidas por la trabajadora que carezcan de entidad suficiente para inhabilitar a ésta para el desarrollo de las tareas fundamentales de su profesión habitual como Limpiadora.

Igualmente existe controversia entre ambas partes procesales acerca del cuadro residual diagnosticado en vía administrativa.

QUINTO.- La L.G.S.S. vigente, de aplicación hasta su desarrollo reglamentario, define la invalidez permanente total en el art. 137.4 como aquella que «inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta” y la parcial como “la que, sin alcanzar el grado total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de tareas fundamentales de la misma”.

El art. 136 de igual Cuerpo Legal define la incapacidad permanente como “la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que le inhabilitan por completo para toda profesión u oficio”. En esa valoración no cabe tener en cuenta las dificultades que pueda tener el trabajador para encontrar empleo por razón de su falta de conocimientos o preparación, pues las limitaciones para el trabajo han de provenir de alteraciones en su salud, según recoge el primero de estos preceptos y reitera la Sala de lo Social del Tribunal Supremo interpretando la normativa precedente, de análogo contenido (STS de 23 de junio de 1986).

Afirma la Jurisprudencia que un trabajo por liviano que sea, incluso las sedentarias, sólo puede consumarse mediante la asistencia diaria al lugar de trabajo, permanencia en el mismo durante toda la jornada laboral, debe poder realizarse con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias de toda orden, que comporta la integración en una
empresa, en regímenes de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros, por cuanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención que son indispensables en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales (SSTS 23.2.1990, 27.02.90).

Respecto a la primera cuestión objeto de controversia, a juicio del EVI y del Médico Inspector del INSS, son secuelas padecidas por la trabajadora al tiempo del examen por el médico inspector las que siguen:
“Eventración post histeroctomía intervenida quirúrgicamente en abril de 2012 y resuelta. Dispepsia tipo dismotibilidad. Elevación GGT. Limitaciones orgánicas o funcionales: eventración post histeroctomía intervenida quirúrgicamente en abril de 2012 y resuelta” (expediente administrativo).

Por el contrario, la parte demandante sostiene que las lesiones que padece y que deben ser objeto de valoración las que se recogen en el hecho cuatro de la demanda, que contempla como cuadro residual ha valorar en el presente procedimiento judicial el que sigue a continuación:

Eventración recidivada y Obesidad (autos).

Ahora bien, llegado a este extremo resulta necesario examinar si procede incluir ambas secuelas descritas en el cuadro residual diagnosticado en vía administrativa.

Basta examinar los informes médicos aportados a los autos para objetivar que ambas patologías siguen estando diagnosticadas.

Por ejemplo, el informe del Servicio de Cirugía General de 28 de enero de 2016, como juicios clínicos contempla la eventración y la obesidad (doc. nº 3 actora).

En el escrito de solicitud de cirugía del mismo Servicio Médico de fecha 28 de enero de 2016 se contempla como diagnóstico la eventración recidivada (doc. Nº 5 actora).

El mismo diagnóstico se contiene en el informe del Servicio de Cirugía General de 6 de noviembre de 2015 (doc. nº 7 actora).

Es por ello que el cuadro residual objeto de valoración en la presente litis es el que se expone a continuación:

Eventración post histeroctomía intervenida quirúrgicamente en abril de 2012 y resuelta. Eventración recidivada. Obesidad (Índice de Masa Corporal 37.6).
Dispepsia tipo dismotibilidad. Elevación GGT.
(expediente administrativo; doc. nº 1 a 9 actora).

Patologías todas ellas que resultan de los informes médicos obrantes en los autos, los cuales han sido emitidos por especialistas de la sanidad pública actuando en el ejercicio de sus funciones públicas, de modo que gozan de plena objetividad.

SEXTO.- Entrando a resolver la segunda cuestión objeto de la presente Litis es menester estar al tenor literal del art. 143.2 LGSS.

Así pues, se puede afirmar que la revisión de grado está contenida en el art. 143.2 LGSS, según el cual “Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante profesional, en tanto que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 161 de esta ley, para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión.
No obstante lo anterior, si el pensionista por incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no
transcurrido el plazo señalado en la resolución.
Las revisiones fundadas en error de diagnóstico podrán llevarse a cabo en cualquier momento, en tanto el interesado no haya cumplido la edad a que se refiere el primer párrafo de este número”.
Por tanto se puede iniciar un expediente de revisión de grado en dos supuestos:
a) Mejoría o agravación del estado invalidante profesional.
b) Error de diagnóstico. En este sentido se pronuncia, a modo de ejemplo, la STS 31 de octubre de 2005.

Ahora bien, cabe discutir si la revisión por agravación de las lesiones incapacitantes a efectos laborales inicialmente padecidas por el demandante solo se puede fundar en las dolencias originariamente diagnosticadas o, si por el contrario, cabe realizar una valoración global de la situación en la que se encuentra el trabajador al tiempo de instar el expediente de revisión, de forma que pueda alcanzar lesiones que inicialmente no fueran diagnosticadas. Este supuesto ha sido resuelto por la Jurisprudencia, así pues las SSTS 27 de julio de 1996, 2 de octubre de 1997 y 12 de junio de 2000, entre otras, sostienen que la agravación o mejoría no puede referirse a las dolencias ya calificadas, sino a la situación completa y global del incapacitado permanente, siendo posible tener en cuenta nuevas afecciones o cuadros patológicos, solo la gravedad de las secuelas padecidas por la paciente en el momento de tramitar el expediente administrativo, sino también valorar la situación global del trabajador al tiempo de dicha tramitación, si bien queda limitado dicha valoración al cuadro clínico vigente en el momento de emitir el ICAM su informe de síntesis que sirvió a la CEI para emitir su dictamen propuesta.
Aclarada la cuestión anteriormente suscitada procede concluir que, partiendo del cuadro residual del trabajador al tiempo de la fecha de efectos que ha resultado acreditado, así como a la vista de los informes médicos obrantes en autos, se infiere que el paciente no presenta mejoría alguna en el año 2014 con respecto a las secuelas padecidas en el año 2011.

Existe discrepancia entre ambas partes en lo que respecta a la incidencia de las secuelas en la capacidad laboral de la actora, siendo que la parte accionante sostiene que no existe mejoría alguna que justifique la declaración de no afecto de grado alguno de incapacidad permanente de la trabajadora, a diferencia de lo que cree el INSS, que con ocasión de la revisión de oficio de la incapacidad permanente llegan a la conclusión de que la trabajadora puede realizar su actividad profesional habitual de limpiadora.

La postura del INSS viene respaldada por el dictamen propuesta del EVI, el cual, a su vez, se basa en el informe de síntesis, los cuales obran en el expediente administrativo.

Sin embargo, este Juzgador entiende que una vez que no cabe duda de que, aún cuando hubiera sido intervenida quirúrgicamente en abril de 2012 la actora de la eventración, con posterioridad ha sido diagnosticada de eventración recidivante, sin olvidar que esta es la patología determinante para declarar en vía administrativa en el año 2011 a la actora en situación de IPT.

De hecho, si se observa el dictamen propuesta de 9 de diciembre de 2011, se hace constar de forma expresa: “Limitaciones orgánicas o funcionales: eventración pendiente de cirugía”.

En el posterior de fecha 8 de enero de 2014, se refleja: “Limitaciones orgánicas o funcionales: eventración post histeroctomía intervenida quirúrgicamente en abril de 2012 y resuelta”.

Es decir, el hecho de la intervención quirúrgica lleva a que en vía administrativa se deje sin efecto el reconocimiento inicial de la situación de IPT, pero como se ha podido observar, la eventración es una patología que a fecha de hoy sigue siendo sufrida por la paciente, de modo que no existe la mejoría que se postula en vía administrativa.

Es por todo lo anteriormente expuesto que no ha resultado acreditado que no ha existido una mejoría de la situación clínica en base a la cual el INSS declaró a la demandante en situación de IPT en el año 2011, mas aún cuando parece ser que las patologías se han ido agravando de cierto modo con el transcurso del tiempo.

Por tanto, a la vista de las patologías descritas y su incidencia en la capacidad laboral no cabe sino concluir que atendiendo a las circunstancias anteriormente expuestas resulta convincente que la trabajadora está imposibilitada para desarrollar su profesión habitual con el mínimo de rendimiento legalmente exigible por el art. 5.1.a) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, debiendo, por ende, estimar la demanda.

Una vez valoradas conjuntamente las pruebas practicadas resulta acreditado que Dª. está impedida para el desarrollo de su actividad profesional habitual como Limpiadora, siendo procedente revocar la resolución administrativa impugnada, al haber acreditado la demandante, en base al art. 217.2 LEC, las pretensiones de su demanda, con derecho al percibo del 55% de la pensión de euros con fecha de efectos de 31 de enero de 2014.

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación al caso

 FALLO

Que estimando la demanda formulada por Dª. , defendido y representado por el Letrado D. Alexis Agost Pitarch, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, defendido y representado por el Letrado del Cuerpo de la Administración de la Seguridad Social D. , debo revocar y revoco la resolución administrativa impugnada, declarando a la actora en situación de incapacidad permanente total, con derecho a percibir el 55% de la base reguladora de euros desde el día 31 de enero de 2014.