El Tribunal Supremo declara la obligación de establecer una pensión de alimentos a favor de una menor aunque el su padre se encuentre en ignorado paradero.

La sentencia dictada en primera instancia, atribuyó la guarda y custodia a la madre, siendo la patria potestad compartida, sin hacer mención a la petición de la madre de condenar al padre a satisfacer a ésta un pensión de alimentos a su hija menor.

La demandante (madre), recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, al no haberse acordado fijar pensión de alimentos a favor de la hija común y con cargo al padre, no haberse hecho pronunciamiento respecto a los gastos extraordinarios.

La Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso de apelación, confirmando la sentencia dictada en primera instancia. Para denegar la fijación de una pensión alimenticia la sentencia atiende al paradero desconocido del padre demandado, que parece que volvió a Paraguay, pero puede estar también en Brasil, siendo hecho probado que no reside en España y que fue emplazado por publicación en el Tablón de Edictos. Ante esta circunstancia sostiene que si bien no existe duda alguna de la obligación del padre de contribuir a los alimentos, se plantean problemas en su fijación, al desconocerse los ingresos del demandado en ignorado paradero, y por la imposibilidad de comunicar personalmente al mismo la obligación decretada que podría conllevar el surgimiento de responsabilidad penal por incumplimiento continuo del abono de la pensión.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la madre recurrente, en el sentido de que debe fijarse siempre un mínimo vital de alimentos y ello aún cuando no se conozca el paradero del padre demandado.

En torno al mínimo vital el Tribunal Supremo ha declarado recientemente en sentencia de 2 de marzo de 2015 que lo normal será fijar siempre un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor. Este Tribunal declara que junto con la necesaria protección de los intereses del rebelde procesal, está la necesidad de que los Tribunales tutelen los derechos del menor, y no se puede obviar la obligación que el padre tiene, constitucionalmente establecida, de prestar asistencia a sus hijos (art. 39 de la Constitución Española).

El padre o madre deben afrontar la responsabilidad que les incumbe con respecto a sus hijos, no siendo de recibo que su mera ilocalización les exonere de la obligación de prestar alimentos ni que a los tribunales les esté proscrita la posibilidad de determinar un mínimo por el hecho de que el progenitor haya abandonado su lugar de residencia, todo ello sin perjuicio de las acciones que el rebelde pueda plantear una vez hallado, en orden a la modificación de las medidas, posibilidad que también podrá plantear el otro progenitor si han variado sustancialmente las circunstancias. La sentencia de la Audiencia elude la obligación de fijar alimentos para evitar posibles responsabilidades penales del obligado al pago de los alimentos, pero olvida que esa obligación de prestarlos la tiene el progenitor, civil y constitucionalmente impuesta, aún cuando no se concrete su importe.

Por ello, el Tribunal Supremo fija una pensión de alimentos, abonable por el padre del 10 % de los ingresos que se acrediten como percibidos por él.