La Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL, Sala de lo Contencioso Administrativo ESTIMÓ EL RECURSO INTERPUESTO POR NUESTRO DESPACHO DE ABOGADOS, contra la resolución dictada por el Director General de los Registros y del Notariado, actuando por delegación del Ministerio de Justicia, y RECONOCIÓ EL DERECHO QUE ASISTE A F.N., NACIONAL DE MARRUECOS, A OBTENER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA, en base a los siguientes fundamentos de derecho:

PRIMERO.- “Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución dictada con fecha 18 de julio de 2014 por el Director General de los Registros y del Notariado, actuando por delegación del Ministro de Justicia,  mediante la cual acordó denegar la nacionalidad española en su día solicitada por la actora, F.N.

Del expediente administrativo se sigue que la Sra. F.N., nacida en Rabat (Marruecos, solicitó en Estepona (Málaga) el 28 de abril de 2011 la concesión de la nacionalidad española por residencia, petición que le fue denegada por la citada resolución. El motivo en que se amparaba la denegación fue entonces el de considerar que la solicitante “… no ha justificado suficientemente la buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil ya que fue condenado por el Juzgado DE GUARDIA DE ALGECIRAS EL DIA CATORCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE POR FALSIFICACION DE DOCUMENTOS DILIGENCIAS 55346. Aunque tuviera satisfechas sus responsabilidades penales y los citados antecedentes se encontraran cancelados, no puede obviarse que se trató de un comportamiento antijurídico que no se corresponde con lo que se considera buena conducta cívica…”

Frente a tal acuerdo, en su escrito de demanda argumenta el representante legal de N.F., que la causa determinante de la denegación parte de un error pues nunca fue condenada, como afirma la resolución recurrida, por el Juzgado de Guardia de Algeciras el día catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve por falsificación de documentos, ya que la única detención de que fue objeto se produjo por un delito de hurto por el que fue condenada en sentencia de 27 de noviembre de 1999 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Algeciras.

Supone entonces que la resolución carece de motivación además de infringir los preceptos constitucionales que cita, en concreto, los artículos “… 9.3, 13 y 24 entre otros”.

Por su parte, el Abogado del Estado se opone al recurso e interesa su desestimación insistiendo en que la recurrente “… fue condenada por el Juzgado de Guardia de Algeciras el 14 de junio de 1999 por falsificación de documentos, diligencias 55346”, por lo que no quedaría acreditado el cumplimiento del requisito de buena conducta cívica.

SEGUNDO.– Ha de destacarse, en primer lugar, que la única condena que consta en el expediente de la solicitante F.N. es, en efecto, la impuesta en sentencia de 27 de noviembre de 1999 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Algeciras, como consecuencia de la comisión de un delito de hurto.

No se acredita, por contra, la que sirvió de base a la resolución recurrida para denegar la nacionalidad por faltar el requisito de buena conducta cívica, supuestamente dictada con fecha 14 de junio de 1999 por el Juzgado de Guardia de Algeciras por un delito de falsificación de documentos, y correspondiente a las diligencias 55346.

En cualquier caso, y con independencia del déficit de motivación que ello implica, es lo cierto que no puede desconocerse que los hechos que dieron lugar a la condena se remontan al año 1998, acaecidos trece años antes, por tanto, de la solicitud de nacionalidad.

No existe, desde entonces, reseña alguna sobre la reiteración de hechos de naturaleza análoga que pudieran resultar incompatibles con la buena conducta cívica que exige la norma.

Por el contrario, sí existen datos favorables que ponen de manifiesto un comportamiento acorde con ese estándar de actitud cívica y de integración en la comunidad, como es el hecho de haber estado trabajando en diferentes empresas, lo que se acredita con el informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, o el que su hijo, I.S.F., en la actualidad de 19 de edad, y que tiene reconocida una pensión de orfandad de familiares militares por fallecimiento de su padre, nacional español, curse en la actualidad 2º de Bachillerato en el I.E.S. de San Pedro de Alcántara (Málaga).

Teniendo presente que la denegación de la nacionalidad se sustenta sólo en el hecho de una condena penal –distinta, por cierto, de la que refiere la resolución denegatoria-, impuesta por hechos que sucedieron trece años antes de la solicitud de nacionalidad y de los que han transcurrido, hasta esta fecha, cerca de veinte años sin que conste reiteración delictiva, procede estimar el recurso y reconocer la nacionalidad solicitada a la vista de la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo entre otras en sentencia de 27 de octubre de 2010, recurso núm. 3267/2007, donde se pronuncia en estos términos:

“… si tomamos en consideración la naturaleza y gravedad del delito, así como la pena a que la misma dio lugar; el tiempo transcurrido entre los hechos determinantes de la condena y la fecha de la resolución que se recurre; y, la absoluta normalidad a partir de aquellos hechos en la vida del recurrente desde las perspectivas personal, familiar y sociolaboral, habremos de llegar a la conclusión de que la condena determinante de todo lo acontecido puede ser calificada como un hecho aislado en la vida del recurrente y que su grado de proyección social y temporal, no puede alcanzar el nivel necesario para sostener que el recurrente no contaba con «buena conducta cívica » en el momento de la resolución impugnada. Es por ello que este Tribunal considera que, atendiendo a las circunstancias personales, familiares y sociolaborales concurrentes y a la absoluta normalidad de convivencia demostrada por el recurrente concurre en su caso el requisito de contar con «buena conducta cívica «, y, en consecuencia, procede concederle la nacionalidad española solicitada”.

Nuestra cliente F.N., nacional de Marruecos, tras haber solicitado la nacionalidad española por residencia le notificaron la resolución de denegación de nacionalidad por residencia por “no haber justificado suficientemente a buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil ya que fue condenada por el Juzgado de Guardia de Algeciras, el día 14 de junio de mil novecientos noventa y nueve por falsificación de documentos. Aunque tuviera satisfechas sus responsabilidades penales y los citados antecedentes se encontraran cancelados, no puede obviarse que se trató de un comportamiento antijurídico que no se corresponde con lo que se considera buena conducta cívica. De hecho la Audiencia Nacional ha señalado que en los casos en los que la solicitante de nacionalidad presenta antecedentes, puede afirmarse que su comportamiento no se corresponde con el estándar de la conducta media en nuestro país”. Igualmente hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de febrero de 2010 manifiesta que “…la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva: es posible que, aún habiendo sido ya cancelados los antecedentes penales, un hecho ilícito sea tan elocuente acerca de la falta de civismo de la solicitante, que puede ser utilizado para tener por no satisfecho el requisito del artículo 22.4 del Código Civil.”

Frente a tal resolución, nuestro despacho de abogados, interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE DENEGACIÓN DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA, por vulneración del artículo 22.4 del código civil y de la instrucción de 26 de julio de 2007, de la dirección general de los registros y del notariado, sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española.

El recurso de reposición no fue resuelto en el plazo legal establecido por el Ministerio de Justicia, por ello, se entendió desestimado por silencio administrativo.

Frente a la tal desestimación se interpuso en la AUDIENCIA NACIONAL, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y EL NOTARIADO, formalizándose la correspondiente demanda, en base a los siguientes HECHOS:

Mi representada solicitó en fecha 28 de abril de 2011 la nacionalidad española por residencia legal, continuada e inmediata a la petición de más de 10 años, ante el Registro Civil de Estepona, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estepona, al cumplir todos los requisitos del artículo 22 del Código Civil, a saber:

1º.- Residencia legal, continuada e inmediata a la petición. Requisito que consta acreditado con el documento nº 21, página 59, del expediente administrativo de nacionalidad nº 297/11.

En este consta que a F.N., se le concedió el permiso de trabajo y residencia el 17/08/2000, renovándose posteriormente en fechas 17/08/2001 y 18/08/2004, obteniendo el 18/08/2016 la autorización de residencia permanente con validez indefinida.

2º.- Se ha acreditado buena conducta cívica, mediante los documentos nº 6 a 15 del expediente administrativo.

3º.- Consta también debidamente acreditada un grado suficiente de integración de la solicitante en la sociedad española, remitiéndonos a los documentos números 16 y 17 del expediente administrativo.

En el examen de integración (documento nº 16 del expediente administrativo), se hace constar por S.Sª. que “la compareciente habla BIEN el castellano, leyéndolo perfectamente, y observándose a través de un cuestionario hecho por su S.Sª que está identificado con la cultura y estilo de vida española, lo que ha asimilado de una forma correcta, que se puede considerar como suyos propios.

En las testificales practicadas (documento nº 17 del expediente), ambas testigos afirman conocer a F.N. desde hace unos años, constándoles a ciencia propia que la misma se encuentra integrada en la sociedad, cultura y costumbres de España.

En el descargo de las aseveraciones efectuadas en la resolución que se recurre, cabe precisar que los expedientes de nacionalidad por residencia operan en base a dos criterios: el primero, comprende aquellos elementos de carácter definido como son los integrantes de la propia residencia (legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición); el segundo, se basa en elementos de carácter indeterminados, bien de sentido negativo, como son los motivos de orden público o interés nacional, o bien de sentido positivo, como la integración en la sociedad española (Sentencia 58/2010, de 1 de febrero de 2012 de la Audiencia Nacional, Sala Contencioso).

Estos elementos indeterminados, y en especial los de sentido positivo, quedan pues abiertos a cuanta interpretación posible hace el funcionario correspondiente. Quedan pues afectos a toda valoración. No existe pues criterio o sentido unánime y unívoco de su aplicación, quedando pues abierta a la arbitrariedad y subjetividad del instructor. Por tanto, es necesaria la precitada motivación, que ahonde más allá de las alegaciones genéricas efectuadas.

Así, la redacción de la instrucción de 26 de julio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia dice en su apartado quinto: “ en el expediente de nacionalidad por residencia, el encargado debe hacer constar el juicio que le merece el grado de integración en la sociedad española del peticionario, tras oírle personalmente, abordando en la audiencia las cuestiones reveladoras de la adaptación a las costumbres y modo de vida españoles”.

En la presente resolución recurrida, se ha obviado igualmente lo preceptuado en nuestra ley general, como en otras particulares de especial aplicación donde se establece la obligación y necesidad de motivar las resoluciones, con independencia, de la base documental o formulario utilizado al efecto. No basta pues con una simple referencia genérica que disponga que “la interesada no ha justificado suficientemente buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código civil ya que fue condenado por el Juzgado de Guardia de Algeciras el día 14 de junio de 1.999 por falsificación de documentos”, es exigible algo más por cuanto afecta a un auténtico derecho.

La denegación de la solicitud de la nacionalidad se fundamenta en no haber justificado suficientemente buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil, ya que “fue condenado por el Juzgado de Guardia de Algeciras el día catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve por falsificación de documentos diligencias 55346. aunque tuviera satisfechas sus responsabilidades penales y los citados antecedentes se encontraran cancelados”.

La única detención de la que fue objeto mi representada se refiere a un delito de hurto, por el que fue condenada en el año 1999, en virtud de sentencia de 27 de noviembre de 1999 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Algeciras (documento nº 31 del expediente administrativo), concediéndosele la F.N. la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta, otorgando al remisión definitiva de la pena privativa de libertad por el transcurso de dos años sin que cometiera nuevo delito ni fuera sentenciado, por Auto de 26 de noviembre de 2002.

La condena a que se refiere la resolución de denegación de nacionalidad por residencia de 18/07/2014 no existe como tal, únicamente existe la condena citada con anterioridad, y en los antecedentes policiales del informe de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (documento nº 21 del expediente administrativo), únicamente consta una detención en Algeciras, el 14/06/1999, sin que exista condena alguna por esta detención, entendiendo esta parte que se trata de un error de calificación jurídica de los hechos en sede policial, siendo en realidad una detención por hurto, que es por el delito que fue condenada en el mismo año 1999.

En la resolución recurrida, se ha obviado lo preceptuado en nuestra ley general, como en otras particulares de especial aplicación donde se establece la obligación y necesidad de motivar las resoluciones, con independencia, de la base documental o formulario utilizado al efecto.

No basta pues con una simple referencia genérica que disponga que “la interesada no ha justificado suficientemente buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código civil ya que fue condenado por el Juzgado de Guardia de Algeciras el día 14 de junio de 1.999 por falsificación de documentos”, es exigible algo más por cuanto afecta a un auténtico derecho, siendo un error de la propia Administración, como se detalló en el hecho anterior, pues N.F., nunca fue condenada por delito de falsificación de documentos.

Buena conducta cívica es un concepto jurídico indeterminado, es decir, una norma jurídica abierta donde el legislador no ha determinado con exactitud el límite de dicho concepto. La característica principal de este tipo de conceptos es que adolecen de cierta vaguedad o ambigüedad. La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1999 estableció que “los conceptos jurídicos indeterminados y la discrecionalidad administrativa que en la apreciación de los mismos resulta excluida la discrecionalidad administrativa que en la apreciación de los mismos resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, la cual está obligada a la única decisión correcta atendiendo a los hechos del supuesto”.

El artículo 22.4 del Código Civil establece a los efectos de conceder la nacionalidad española a los extranjeros que hayan residido legal y continuamente en España durante un período determinado.

Para nuestro Tribunal Supremo el concepto jurídico indeterminado buena conducta cívica implica un comportamiento general de todo individuo en su conducta diaria y prolongada en el tiempo que va más allá del hecho de tener o no antecedentes penales o policiales. En su sentencia de 5 de noviembre de 2001 recordó que los antecedentes penales y policiales, por sí solos, no pueden ser un obstáculo para la concesión de la nacionalidad española. Para el Tribunal Supremo, el requisito de buena conducta cívica del artículo 22.4 del Código Civil no tiene ninguna intención de pretender que un ciudadano extranjero demuestre una conducta intachable a lo largo de su vida, sino que se trata de una valoración en conjunto de la conducta del solicitante de nacionalidad durante todo el tiempo de residencia en España, que no puede centrarse en un período de tiempo predeterminado (SSTS de 16 de marzo de 1999, 22 de abril, 8 y 30 de noviembre de 2004; SSTS de 6 de marzo de 1999, 22 y 23 de abril, 8 de noviembre y 15 de diciembre de 2004, y 28 de septiembre).

La extensa jurisprudencia sobre la materia avala el hecho de que ni una ausencia de antecedentes penales acredita buena conducta cívica ni el hecho de tenerlos implica automáticamente que se carece de tal conducta. La aplicación de esta doctrina jurisprudencial exige considerar las particulares circunstancias de cada caso concreto consistentes en: el tiempo de residencia en España, los vínculos familiares, sociales y laborales con el país, su integración y adaptación al modo de vida español, su participación en proyectos en beneficio de la comunidad, la levedad del delito cometido, el tiempo transcurrido desde que fue condenado, que no sea reincidente, etc.

El Tribunal Supremo entiende que el concepto de buena conducta cívica no debe entenderse incumplido cuando medie un comportamiento negativo, por muy execrable que sea, cometido en un momento puntual de la vida de un sujeto, sino que se ha de valorar en conjunto toda la trayectoria personal del solicitante, sin que un suceso puntual pueda emponzoñar una vida marcada por una buena conducta cívica. Asimismo, tampoco debe caerse en el absurdo de creer que el solicitante debe demostrar una conducta intachable durante toda su vida, pues cualquier ser humano es susceptible de errar en su comportamiento “cívico”. No hay que ser tan tajante y posibilitar que un ciudadano que ha cometido un error en el pasado pueda demostrar su reinserción social y un comportamiento subsumible dentro de los parámetros normales que ha de cumplir cualquier ciudadano medio.

También debe diferenciarse dentro del concepto indeterminado de “buena conducta cívica” el hecho de ser condenado por un delito penal calificado por las normas jurídicas de nuestro país, así como por la sociedad en general como muy graves, graves o leves, es decir, se ha de valorar si la naturaleza del delito por el que fue condenado  y la entidad de la pen a permiten afirmar que este antecedente penal tiene la suficiente relevancia como para enervar los elementos positivos de integración en la sociedad española presentes en el extranjero solicitante.

Una buena conducta no queda desvirtuada por haber sido condenada N.F. una única vez en el año 1999 por un delito de hurto (delito calificado como leve en el Código Penal de 1995), siendo erróneo que fuera por falsificación de documentos como recoge la resolución que ahora se recurre.

Se debe diferenciar los delitos leves de los que realmente son graves y contrarios a la buena conducta cívica, como por ejemplo una condena por terrorismo.

Por ello, entendemos que no puede equipararse conductas delictivas de tan distinto calibre y considerarlas ambas como igual de contrarias a la buena conducta cívica del artículo 22.4 del Código Civil.

La propia DGRN reconoce que la solicitante reúne todos los requisitos exigidos por la normativa para la concesión de la nacionalidad española, siéndole denegada única y exclusivamente porque no ha justificado suficiente buena conducta cívica.

Como dicho concepto no permite la discrecionalidad de la Administración y sólo tiene un única solución justa, no puede llegarse a la conclusión de que un antecedente penal por un delito de hurto cometido en el año 1999 destruya el cumplimiento del resto de requisitos para ser una nacional española. De acuerdo, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso de la nacionalidad española resulta de vital importancia excluir cualquier poder discrecional de la Administración, pues su concesión resulta obligada cuando concurren los requisitos legalmente previstos por el Código Civil y el Reglamento de la Ley del Registro Civil.

La buena conducta cívica consiste en valorar el conjunto de la vida llevada a cabo por la solicitante en nuestro país, especialmente en los años anteriores a la solicitud, para alcanzar un convencimiento sobre su trayectoria personal sobre la base estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y para cualquier individuo.

La doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de octubre de 2010, establece que no se puede estigmatizar de por vida el comportamiento de una persona por hechos aislados que supusieron condenas penales leves, más aún cuando hubiera satisfecho su responsabilidad penal y en su caso civil, debiendo valorarse la escasa entidad de la condena y que el condenado no hubiera ingresado en prisión.

En el presente caso la solicitante de nacionalidad cometió un hecho delictivo leve aislado en el año 1999, consistente en un delito de hurto, sin ingreso en prisión, y habiendo transcurrido 15 años desde que se cometió el delito leve hasta que solicitó la concesión de la nacionalidad española.

Además, los antecedentes penales de F.N. están cancelados (documentos números 6 y 34 del expediente administrativo), y el Tribunal Supremo ha venido diciendo que los antecedentes penales cancelados no existen en el mundo jurídico, dado que la cancelación implica la eliminación a todos los efectos. Por lo tanto, no se pude denegar la nacionalidad española por vía del artículo 22.4 del Código Civil cuando los antecedentes de la interesada, pese a haber existido en su momento, en el año 1999, ya estuvieran cancelados. Así lo consideró el Tribunal Constitucional en su sentencia 174/1996 a considerar que “prolongar los efectos de los antecedentes penales más allá de su cancelación choca con el artículo 25 de la Constitución Española y con la finalidad trascendente de reinserción social de las penas”. Los principios de reeducación y reinserción social que nuestra Constitución recoge en su artículo 25.2, por lo que si el espíritu de la norma suprema es ese, luego NO SE PUEDE DENEGAR EL DERECHO A OBTENER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA PRECISAMENTE POR HABER SIDO CONDENADA EN EL AÑO 1999, ESTIGMATIZÁNDOLA DE POR VIDA POR UN HECHO PUNTUAL, AISLADO Y DE ESCASA GRAVEDAD.

La nacionalidad solicitada por F.N. se efectúa por una situación jurídica adquirida con anterioridad con los permisos de residencia temporal hasta la autorización de residencia permanente indefinida como así consta en la página 59 del documento nº 21 del expediente administrativo, y referido al Informe de la DGPGC, para la obtención de los mismos ha tenido que acreditar, en varias ocasiones, ya fuere para su adquisición o renovación hasta su residencia permanente indefinida, la buena conducta cívica. Así, la petición de nacionalidad por residencia viene determinada por una adquisición de un derecho previo como es la residencia permanente con una validez indefinida. Así lo establece nuestro Código Civil, artículos 17 y ss, y en particular, el RD 557/2011 y LOEX. Mantienen como requisitos y motivo único de adquisición, la necesaria acreditación de elementos integrantes de una efectiva residencia anterior, legal y continuada por los tiempos y plazos que en cada caso se determinan.

En este sentido, la Instrucción de 26 de julio de 2007, de la DGRN, informa que la residencia anterior, es algo más que una simple residencia, es un auténtico signo de arraigo en la sociedad española.

F.N. cometió el delito de hurto en el momento en que llegó a España, teniendo una conducta cívica y ejemplar a partir de ese momento que comenzó a residir en España, primero en la ciudad de Estepona, desde el 1 de junio de 2001 hasta el 26 de abril de 2016, por cambio de su residencia a la ciudad de Marbella.

Desde que llegó a España ha estado trabajando en diferentes empresas hasta que comenzó la crisis económica.

El único hijo de F.N.., que tiene en la actualidad 19 años, de nacionalidad española, y tiene reconocida una pensión de orfandad de familiares militares, con fecha 1 de abril de 2009, por fallecimiento de su padre con nacionalidad española M.A.S., y en la actualidad está cursando 2º de bachillerato (Ciencias) en el I.E.S.

Por todo ello, es clara la falta de justificación y motivación, así como la falta de adecuación al caso concreto de la precitada resolución vienen a generar la más absoluta desconfianza en cuanto a la arbitrariedad de la misma generadora pues no sólo de indefensión, sino de vulneración de preceptos básicos de nuestra Constitución, como los artículos 9.3, 13 y 24, entre otros.

Los años de su residencia en España, su descendencia de nacionalidad española y su vida laboral y social en España son elementos más que justificativos de su integración. Cuenta con una conducta ejemplar con la única salvedad del delito leve de hurto cometido en el año 1999, hace más de 15 años, que fue en un momento puntual, aislado y de escasa gravedad.

En virtud de todo lo anterior, la resolución impugnada está limitando un derecho a la interesada, careciendo la resolución de la más mínima adecuación al caso concreto, olvidándose de la especial protección que de la familia ha de efectuar la Administración, máxime cuando se cumplen con los elementos integrantes de arraigo, en todos sus ámbitos, social, laboral, económico y personal, y la buena conducta que ha acreditado desde que fue condenada en el año 1999 hasta la actualidad, viniéndose a solicitar la revocación de la resolución con la consiguiente aprobación de la concesión de la nacionalidad.

Con la estimación del recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional, por nuestro despacho de abogados, se hizo justicia conforme a la legislación y jurisprudencia vigentes.