El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones español vulnera las normas comunitarias al obligar a los no residentes a pagar más que a los residentes, ya que éstos son los únicos que pueden beneficiarse de las ventajas fiscales concedidas por las CCAA.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un gravamen estatal cuya gestión ha sido cedida a las Comunidades Autónomas, pero la normativa estatal se aplica a los no residentes, sin que puedan éstos beneficiarse de las reducciones y bonificaciones fiscales que establecen las Comunidades Autónomas.

Por ello, la sucesión o la donación en la que intervenga un heredero o un donatario, o un fallecido o donante que no reside en España, o también una sucesión o donación que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera de España no puede beneficiarse de las reducciones fiscales que sólo se aplican en caso de conexión exclusiva con el territorio de las comunidades autónomas, debiendo soportar una mayor carga fiscal que las sucesiones o donaciones en las que sólo intervienen residentes en España o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en España».

Al no poder aplicar las bonificaciones fiscales el valor de esa sucesión o esa donación se reducirá. Según la Jurisprudencia del TJUE esa reducción constituye una restricción de la libre circulación de capitales, que está expresamente prohibida por el Tratado de la UE. El TJUE establece que esta restricción no está justificada porque «no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato, ya que la legislación española los considera como sujetos pasivos a efectos de la percepción del impuesto de sucesiones y donaciones sobre los bienes inmuebles situados en España, al margen de dónde residan».