Las pensiones de alimentos  es un crédito preferente y privilegiado frente a otro tipo de créditos o préstamos.

Nuestro ordenamiento dispone que en la ejecución por condena a prestación alimenticia debidos al cónyuge o a lo hijos no tiene límites  en cuanto a la cantidad a embargar que puede alcanzar el 100 % de los ingresos del deudor.

El carácter privilegiado que implica garantizar el pago de las pensiones futuras, se aplica con independencia de los efectos de la crisis económica en los obligados al pago de alimentos, por lo que se si ha visto reducidos sus ingresos debe acudir a un procedimiento judicial de modificación de medidas, una vez se produce esa disminución de ingresos, que impide seguir abonando las pensiones en las cuantías inicialmente fijadas, con el fin de  que esa obligación de pago de la pensión alimenticia tenga relación y sea proporcional a sus ingresos.  El deber de continuar pagando alimentos en la cantidad inicialmente fijada en sentencia no cesa con la interposición de la demanda sino que sólo desde la nueva sentencia de modificación de medidas. La interposición de la demanda de modificación de medidas referente a la pensión de alimentos no suspende el curso de la demanda ejecutiva ni las medidas de apremio sobre el ejecutado deudor.

Sin embargo, la alegación y prueba de la situación de insolvencia y precariedad económica, sí tiene efectos y consecuencias en el caso de que se iniciara un procedimiento penal en el que al obligado al pago se le imputara un delito por impago de pensiones y abandono de familia, pues la imposibilidad de hacer frente al pago de la pensión alimenticia conlleva la absolución del acusado, al no concurrir la voluntad consciente y deliberada de no cumplir pese a poder hacerlo por disponer de recursos y capacidad económica para ello.