El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 13 Noviembre 2014, resuelve el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), confirmando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia,  en la que se establecía el derecho a la percepción de la prestación de maternidad de una trabajadora que no estuvo dada de alta en la Seguridad Social mientras trabajó, y que dio a luz, tras reconocerse su despido como improcedente.

Los hechos que dieron lugar a estimar el despido como improcedente:

La trabajadora embarazada trabajaba como ayudante de cocina, sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social desde abril de 2009. Fue despedida verbalmente en el mes de octubre, al solicitar que le hicieran un contrato y fuese dada de alta en la Seguridad Social.

El Juzgado de lo Social nº 7 de Granada declaró en Sentencia la improcedencia del despido condenando a la empresa. Posteriormente la trabajadora presentó la sentencia en la Inspección de Trabajo para que se comprobara el período trabajado y no cotizado, solicitando la prestación por maternidad, denegada por el INSS por no encontrarse de alta o situación asimilada al alta en la fecha del hecho causante de la prestación.

La trabajadora recurre ésta resolución denegatoria del INSS, obteniendo el reconocimiento por el Juzgado del derecho a percibir la prestación por maternidad, con sanción a la empresa al abono de la misma, y siendo responsable subsidiario del pago el INSS.

El INSS recurre al Tribunal Supremo por infracción de normas (art. 126.3 de la LGSS y art. 95.1 regla 3ª de la LSS de 1966, así como cierta doctrina jurisprudencial que solamente cita pero no explica en que consiste su contenido, y de varias sentencias de TSJ que no constituyen jurisprudencia.

entencia del Alto Tribunal confirma el derecho a la percepción de la prestación a favor de la trabajadora.

La Sentencia del Tribunal Supremo confirma el derecho a recibir la prestación por maternidad a la trabajadora, resumiéndose en los siguientes términos:

El artículo 126.2 de la LGS establece que los empresarios que incumplan sus deberes de afiliación, alta y cotización respecto de sus trabajadores responderán del pago de las prestaciones de la Seguridad Social de las que los trabajadores sean acreedores.

Aun así, existe un principio de automaticidad o deber de anticipo de la prestación por el INSS, por el que hay una obligación del INSS al pago de prestaciones sociales de forma directa en los casos en que se determina reglamentariamente, y estos casos, según la Ley general de ls Seguridad Social, son cuando se trata de trabajadores que no han sido dados de alta por el empresario, y la obligación de anticipo sólo alcanza a las prestaciones profesionales como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y ello porque el artículo 125.3 de la LGSS, los considera de pleno derecho en situación al alta. Si bien la Ley no dice nada en cuanto a la prestación por maternidad, el Tribunal Supremo interpreta que la maternidad, al estar incluida en la incapacidad laboral transitoria, es lógico que se le aplique por analogía el mimos régimen jurídico a los efectos de la prestación social de maternidad.

La LSS de 1966, no hace referencia expresa a la maternidad, pero literalmente dice que las prestaciones de protección a la familia, así como las económicas de incapacidad laboral transitoria a trabajadores que no estén en alta, serán abonadas por el empresario al trabajador directamente y a su cargo.

El tribunal Supremo considera que el requisito en las contingencias comunes de que el trabajador esté dado de alta para que el INSS tenga el deber de anticipo de la prestación se cumple tanto si existe una situación de alta como si hay una situación asimilada al alta.

La conclusión de nuestro Tribunal Supremo es que la trabajadora despedida, en caso de que su despido sea considerado improcedente o nulo por Sentencia, tras un procedimiento judicial de impugnación despido, puede adquirir con efectos retroactivos la situación de asimilación al alta, y por tanto el derecho a percibir la prestación por maternidad que se le negó por estar dada de baja en el momento de dar a luz.

Por todo ello, rige el principio de automaticidad o deber de anticipo de la prestación por maternidad por parte del INSS, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el empresario si éste incumple sus obligaciones de afiliación, alta y cotización del trabajador.